Análisis – Bruselas desvela el paquete legislativo que revolucionará la industria y la sociedad para ser líderes en alcanzar la neutralidad climática, en la misma semana en que se aprueba de forma definitiva el Plan de Recuperación de España.
- Bruselas desvela el paquete de medidas “Fit for 55” para lograr la neutralidad climática.- Persiguiendo el objetivo de que Europa lidere la transición climática y sea un ejemplo a seguir en la descarbonización de la economía, la Comisión Europea ha presentado esta semana -no sin cierta división de opiniones en el seno mismo de la Comisión- el esperado paquete legislativo “Fit for 55”. Las propuestas, que ahora tendrán que ser negociadas por Parlamento y Consejo, servirán para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad a fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030. En síntesis, las medidas supondrán la aplicación del comercio de derechos de emisión a nuevos sectores; mayor uso de las energías renovables; mayor eficiencia energética; despliegue más rápido de los modos de transporte de bajas emisiones; ajuste de las políticas fiscales a los objetivos del Pacto Verde Europeo; medidas para evitar la fuga de carbono; instrumentos para preservar y potenciar nuestros sumideros naturales de carbono. Destacamos algunas propuestas.
- Revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.- Es una de las medidas estrella y más compleja de aplicar. Hasta ahora, este régimen pone precio al carbono y reduce el límite máximo de emisiones de determinados sectores económicos cada año. Con la nueva propuesta se pretende rebajar aún más el límite global de emisiones y aumentar su ritmo anual de reducción (del 2,2% al 4,2%). La Comisión también propone eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para la aviación, ajustarse al Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), que es de ámbito mundial, e incluir por primera vez las emisiones del transporte marítimo. Se establece un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para la distribución de combustibles para el transporte por carretera y los edificios. Los Estados miembros deben gastar la totalidad de sus ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión en proyectos relacionados con el clima y la energía.
- Reglamento de reparto del esfuerzo.- Asigna objetivos refozados de reducción de emisiones a cada Estado miembro para los edificios; el transporte por carretera y marítimo; la agricultura; los residuos y las pequeñas industrias.
- Modificación de la directiva sobre energías renovables.- El objetivo es producir el 40% de la energía a partir de fuentes renovables de aquí a 2030. Todos los Estados miembros contribuirán a ello, y se proponen objetivos específicos para el uso de energías renovables en el transporte, la calefacción y refrigeración, los edificios y la industria. Para cumplir nuestros objetivos climáticos y medioambientales, se refuerzan los criterios de sostenibilidad en el uso de la bioenergía. Para aumentar la cuota de energía renovable son necesarias dos cosas: (1) invertir en las tecnologías de energía renovable existentes y nuevas para aumentar la producción (y reducir aún más los costes de producción); (2) y crear un sistema energético capaz de integrar grandes cuotas de energías renovables para los usuarios finales de la manera más eficiente posible. Estas necesidades se abordan en la propuesta de la Comisión.
- Modificación de la Directiva sobre eficiencia energética.- Para reducir el consumo global de energía, reducir las emisiones y luchar contra la pobreza energética, esta directiva establecerá un objetivo anual vinculante más ambicioso para disminuir el consumo de energía a escala de la UE. La Directiva establecerá la manera de fijar las contribuciones nacionales y casi duplicará la obligación de ahorro energético anual de los Estados miembros. El sector público tendrá que renovar el 3 % de sus edificios cada año para impulsar la ola de renovación, crear puestos de trabajo y reducir el consumo de energía y los costes para el contribuyente.
- Combustibles sostenibles para el transporte aéreo y marítimo.- Un nuevo reglamento sobre la aviación obligará a los proveedores a incrementar los combustibles sostenibles para las aeronaves, incluidos los combustibles sintéticos que pueden lograr un ahorro de hasta el 80% o el 100% en comparación con los fósiles. Por otro lado, la propuesta “FuelEU Maritime” servirá para estimular la adopción de combustibles marítimos sostenibles y tecnologías de propulsión marina de emisiones cero, estableciendo un límite máximo al contenido de gases de efecto invernadero de la energía utilizada por los buques que hacen escala en los puertos europeos.
- Despliegue de la infraestructura de combustibles alternativos.- El Reglamento revisado sobre la infraestructura de los combustibles alternativos exigirá a los Estados miembros que amplíen la capacidad de carga en consonancia con la venta de vehículos de cero emisiones y que instalen puntos de recarga y de repostaje a intervalos regulares en las principales autopistas: cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 km para el repostaje de hidrógeno. Se prevé alcanzar para 2030 los 30 millones de coches eléctricos. E instalar 3,5 millones de puntos de recarga.
- Normas de emisión de CO2 para automóviles y furgonetas.- Para conseguir una movilidad sin emisiones, todos los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 serán de cero emisiones. Por tanto, dejarán de venderse los coches a combustión.
- Fiscalidad de la energía.- La propuesta presentada modificará la forma de gravar los productos energéticos en la UE. Las nuevas normas pretenden hacer frente a los efectos nocivos de la competencia fiscal en materia de energía, contribuyendo a garantizar a los Estados miembros unos ingresos procedentes de impuestos ecológicos menos perjudiciales para el crecimiento que los impuestos sobre el trabajo. Eliminarán exenciones e incentivos obsoletos para el uso de combustibles fósiles, por ejemplo en la aviación y el transporte marítimo de la UE, al tiempo que fomentarán las tecnologías limpias. La propuesta también contribuirá a fomentar la inversión en una industria verde nueva e innovadora.
- Nuevo Fondo Social para el Clima.- Se propone este fondo para dar financiación específica a los Estados miembros para ayudar a los ciudadanos a costear inversiones en eficiencia energética, nuevos sistemas de calefacción y refrigeración y una movilidad más limpia. El nuevo Fondo Social para el Clima se financiará con cargo al presupuesto de la UE. Aportará 72.200 millones de euros en concepto de financiación a los Estados miembros para el período 2025-2032, sobre la base de una modificación específica del marco financiero plurianual. A España le corresponderían unos 7.600 millones de euros en la próxima década.
- Primeras reacciones desde el Parlamento Europeo.- Desde la Comisión de Industria del Parlamento han afirmado que prestarán especial atención a las consecuencias que estas medidas tendrán en las pymes, el empleo, la seguridad energética y los precios. Quieren que haya apoyo para renovar la industria y proteger los puestos de trabajo. Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente ha afirmado que trabajará en las propuestas para garantizar que todas las nuevas leyes cumplan con las ambiciones climáticas y puedan transformar la sociedad sin que se produzcan dislocaciones sociales.
- Primeras críticas ante el temor de la subida de las facturas de gas y energía.- Los Estados miembros han comenzado a reaccionar ante las nuevas medidas. Francia ha sido rotunda al expresar sus “reservas” sobre las consecuencias sociales de la ampliación del mercado de carbono a los sectores de la construcción y el transporte. “Francia tiene reservas sobre la pertinencia de esta medida y sus consecuencias para los hogares y las pequeñas empresas. Seguirá debatiendo para que la justicia social y la solidaridad sigan estando en el centro de la acción climática”, ha advertido el Ministerio de Transición Ecológica. Por su parte, Alemania ha destacado que defenderá el interés de su industria para mantener la competitividad y ha expresado su preocupación por una reforma del mercado del carbono. En España, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto de relieve la necesidad de que esta transición sea “viable socialmente” y proteja a los grupos “más vulnerables”.
- España y otros 11 países tienen la luz verde definitiva a sus planes de recuperación.- Bruselas ha cumplido con su compromiso y esta semana ha culminado el proceso de aprobación del Plan de Recuperación de España, junto a otros 11 países europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo y Portugal). Los ministros de Economía y Hacienda adoptaron el primer lote de decisiones de ejecución del Consejo sobre la aprobación de los planes nacionales de recuperación, permitiendo que se abra la vía para empezar a recibir los fondos. Por tanto, España recibirá un anticipo de 9.000 millones para poner en marcha inversiones y reformas en los próximos tres años. Al parecer, el plan español pasó el examen del Consejo sin mayores problemas, aunque tiene que demostrar la efectividad de la reforma de las pensiones. A partir de ahora, deberá demostrar ante Bruselas cada seis meses cómo está ejecutando el plan (reformas e inversiones previstas) para poder seguir obteniendo los fondos.
- Los “deberes” de España para recibir los 140.000 millones de euros.- España es, tras Italia, uno de los países más beneficiados por los fondos europeos. Recibirá en total 140.000 millones para implementar, entre otros, programas de movilidad sostenible, rehabilitación de viviendas, modernización de la administración pública, digitalización de pymes, y acometer reformas como la del mercado laboral, las pensiones y la fiscalidad. Es uno de los planes más ambiciosos en estrategia climática. Después de recibir el anticipo de 9.000 millones, España prevé además solicitar un primer desembolso de unos 10.000 millones de euros este año, que está ligado a más de 50 hitos y objetivos del plan que ya se han cumplido entre marzo de 2020 y junio de 2021, por lo que espera que no suponga ningún problema. El siguiente paso es ir recibiendo en los tres próximos años casi el 80% de las ayudas. Pero, para ello, habrá que solicitar los desembolsos de forma semestral y demostrar que se han cumplido los objetivos pactados para cada período. Para la próxima primavera de 2022 está previsto el segundo pago, de 12.000 millones, condicionado a conseguir la meta acordada de la reforma del mercado laboral.
- Un año de preparativos y negociaciones en Bruselas.- La luz verde definitiva a los primeros 12 planes de recuperación llega más de un año después de que se iniciara el proceso en el seno de la Comisión y el Consejo europeos. España presentó a Bruselas su Plan de Recuperación el pasado 30 de abril, dentro de los plazos y tras meses de continuo contacto con los técnicos europeos. Desde el principio el plan español obtuvo una buena calificación. A continuación, una cronología de este largo proceso legislativo.
- Conclusiones del Ecofin.- El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros ha señalado que desde la primavera de este año la actividad económica está mejorando, aunque aún existe incertidumbre. Destaca la importancia de una estrecha coordinación continuada de las políticas económicas de la UE, también para detectar, prevenir y corregir desequilibrios macroeconómicos que merman el buen funcionamiento de las economías de los Estados miembros. Valora positivamente la publicación de los exámenes exhaustivos de 2021 en el contexto del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. Coincide con la Comisión cuando confirma que los doce Estados miembros analizados en los exámenes exhaustivos (entre ellos España) registran desequilibrios macroeconómicos de diversa índole, y que hay desequilibrios excesivos en tres Estados miembros (Chipre, Grecia e Italia). Pide que se siga aplicando el procedimiento de desequilibrio macroeconómico, en particular manteniendo una revisión periódica de la evolución, también en el marco de un seguimiento específico, y examinando los riesgos potenciales y emergentes.
- Eurogrupo y el nuevo pacto fiscal mundial.- Bruselas también ha sido esta semana escenario de un encuentro entre los ministros del Eurogrupo y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien ha pedido a la UE que respalde el mecanismo sobre fiscalidad para multinacionales por el que se quiere imponer un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 15% a las empresas que facturen al menos 750 millones de euros. Yellen también ha destacado la respuesta fiscal de la UE y del Banco Central Europeo a la crisis de la Covid-19, afirmando que fue decisiva y rápida. A este respecto, cree que el apoyo fiscal debe mantenerse durante 2022 para asegurar una recuperación robusta y duradera. En la reunión también analizaron cuestiones bancarias y de estabilidad financiera insistiendo en la colaboración conjunta de UE y EE.UU. para contener las “amenazas a los principios de apertura, competencia justa, transparencia y rendición de cuentas”. Los ministros de la eurozona abordaron la situación presupuestaria y las perspectivas para 2022, así como las posibles consecuencias de un euro digital para los ciudadanos, las empresas y la unión económica y monetaria.
- Impuesto del 15% a las multinacionales.– El pacto por una nueva fiscalidad de las multinacionales cuenta ya con el visto bueno de 130 países y de los gobernadores de los Bancos Centrales del G20. Ahora falta el respaldo de toda la UE, ya que Irlanda, Estonia y Hungría no se han sumado, por el momento, a este acuerdo. Con la reforma fiscal se pretende obligar a las grandes empresas a pagar impuestos en el lugar en el que hacen negocios y establecer un tipo impositivo efectivo mínimo global de al menos el 15% para conseguir una mayor igualdad y acabar con los paraísos fiscales. Por su parte, la Comisión Europea sigue trabajando en una tasa para gravar las ventas digitales y conseguir más financiación para el presupuesto de la UE. Sería un impuesto del 0,3% sobre los bienes y servicios vendidos en línea por las empresas que operan en la UE con una facturación anual superior a 50 millones de euros.
- Pacto con Ucrania para conseguir materias primas.- La escasez de materias primas y los problemas de suministro derivados de la crisis de la Covid-19 ha llevado a la UE a establecer una asociación estratégica con Ucrania con el objetivo de lograr una mayor integración de las cadenas de valor de las materias primas y las baterías. Este acuerdo se enmarca en el Plan de Acción sobre Materias Críticas de la UE para diversificar, reforzar y asegurar el suministro de ambas partes de materias primas críticas, esenciales para lograr las transiciones ecológica y digital. La asociación también será decisiva para preservar la competitividad global y desarrollar la resistencia de la industria de la UE y de Ucrania.
- Desarrollar tres áreas de trabajo.- Aproximación de los marcos políticos y reglamentarios de la minería en particular de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en todas las actividades; desarrollar los recursos minerales en Ucrania de forma sostenible y socialmente responsable a través de la Alianza Europea de Materias Primas y a la Alianza Europea de Baterías, y fomentar una colaboración más estrecha en materia de investigación e innovación.
- Hoja de ruta de una asociación estratégica.- La UE y Ucrania se han comprometido a un trabajo conjunto para: desarrollar una estrategia de bajas emisiones de carbono descarbonizando la minería y el procesamiento de materias primas en Ucrania, reforzar el abastecimiento mediante la celebración de eventos de desarrollo de capacidades para la administración pública y formaciones para las empresas, digitalizar la gestión de datos de las reservas minerales y la reevaluación de las reservas de materias primas utilizando normas internacionales, potenciar la teledetección, proyectos conjuntos utilizando las plataformas de inversión empresarial de las alianzas industriales europeas.
- Revisión del Reglamento de Aarhus, justicia en materia de medio ambiente.- La Presidencia del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político provisional sobre una propuesta de revisión del Reglamento de Aarhus, a fin de adaptarlo plenamente al Convenio de Aarhus, cuya finalidad es garantizar el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El objetivo de la propuesta es garantizar que la UE cumpla plenamente el Convenio en lo relativo al derecho de los ciudadanos a revisar actos administrativos. Se trata de actos no legislativos adoptados por una institución u organismo de la UE que surten efectos jurídicos y externos y contienen disposiciones que, debido a sus efectos, pueden vulnerar el Derecho medioambiental. Los negociadores del Consejo y del Parlamento han acordado, entre otras cosas: ampliar la legitimación jurídica más allá de las ONG, permitiendo así que otros miembros del público soliciten la revisión interna de actos administrativos en determinadas condiciones; incluir en el ámbito de aplicación de los actos administrativos disposiciones de actos administrativos que exijan medidas de ejecución a escala nacional o a escala de la Unión; no suprimir del Reglamento la exención de los actos administrativos relativos a las ayudas estatales (una cuestión de conformidad cubierta por otro asunto del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus); obligar a las instituciones y organismos de la UE a publicar las solicitudes de revisión y las decisiones sobre ellas.
- Actividad del Parlamento Europeo.- Destacamos varios asuntos que se han debatido en los Comités del Parlamento en Bruselas:
- Comisión de Asuntos Exteriores. Estrategia con China.- En un informe aprobado ayer, la Comisión de Asuntos Exteriores esboza seis pilares sobre los que la UE debe construir una nueva estrategia para tratar con China: cooperación en desafíos globales, compromiso con las normas internacionales y los derechos humanos, identificación de riesgos y vulnerabilidades, creación de asociaciones con socios afines, fomento de la autonomía estratégica y defensa de los intereses y valores europeos. En el texto se destaca la necesidad de mejorar la respuesta a los brotes de enfermedades infecciosas que podrían convertirse en pandemias, abordar las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang, Mongolia Interior, Tíbet y Hong Kong, y más recursos para vigilar y hacer frente a la desinformación china.
- Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública.- Los eurodiputados han apobado su posición para el nuevo reglamento sobre la lucha contra las amenazas transfronterizas graves para la salud. En el texto piden reforzar la cooperación entre los Estados miembros, más transparencia en los acuerdos de compra y contratación de la UE para mejorar la seguridad del suministro y garantizar un acceso equitativo a los productos médicos.
- La Presidencia eslovena informa de sus prioridades a las Comisiones del Parlamento.- Durante toda la semana, los ministros expusieron las prioridades de la Presidencia eslovena a los eurodiputados de cada comisión. Debatieron, entre otros muchos asuntos, sobre acuerdos pesqueros con terceros países, pesca costera a pequeña escala, la legislación digital, las nuevas normas de seguridad de los productos, recuperación económica del sector turístico, congelación de la ratificación del acuerdo con China, el acuerdo con Mercosur, suspensión temporal de las patentes de vacunas, defensa de la libertad de expresión, estrategia forestal de la UE, defensa de los derechos de las mujeres, acuerdo global sobre el impuesto de sociedades y sobre las transacciones financieras, incentivos para la transición verde, atención a los Balcanes Occidentales, ley de gobernanza de datos, revisión de la directiva de ciberseguridad, y la estrategia industrial europea.
Agenda highlights-
- 19 de julio.- Consejo de Agricultura y Pesca.