La economía española tras el COVID-19
Aunque la situación de incertidumbre actual dificulta la realización de estimaciones precisas sobre el impacto que tendrá la crisis del coronavirus en la economía española, esta semana hemos conocido que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en el ejercicio 2020 el PIB español se contraerá un 8% y que la tasa de paro ascenderá hasta el 20,8%.
Otros organismos, en línea con el FMI, coinciden en que el parón económico en España provocará un desmoronamiento del tejido productivo que generará mayores tasas de desempleo, destrucción de pequeñas empresas y un aumento del déficit público que hará que aumente la deuda pública, situada actualmente alrededor del 100% del PIB.
Esta situación de excepcionalidad no afecta únicamente a España, ya que la mayoría de los países se han visto obligados a realizar una parada total o parcial de su actividad económica para hacer frente a la pandemia, por lo que el desplome de la economía será generalizado. De este modo, el FMI prevé que en 2020 el PIB de la eurozona se desplome un 7,5%, el de Estados Unidos un 5,9% y el PIB mundial un 3%.
A pesar de la dureza de estos datos, el organismo espera que la economía mundial se recupere rápidamente, y calcula que en 2021 el PIB español repunte hasta el 4,3% y el desempleo caiga hasta el 17,5%. Esto evidencia que la recuperación de la economía española será más rápida que la de la última crisis de 2008, ya que nos encontramos ante causas y circunstancias diferentes.
En 2008 tuvimos principalmente una crisis de confianza y solvencia, pero actualmente nos encontramos ante un mercado volátil, plagado de incertidumbres por el colapso repentino de la demanda, pero sin los problemas estructurales de entonces.
La crisis de 2008 afectaba a la estructura del sistema financiero, a sus activos, mientras que, en esta ocasión, por el contrario, la causa de la crisis es exógena; hay confianza en el sistema financiero, la banca está saneada y el crédito fluye.
Otra diferencia sustancial es la actuación de los gobiernos y los bancos centrales; muchos, como es el caso de España, han reaccionado rápido, con programas de compra de deuda y apoyo fiscal y financiero, a través de créditos y avales al tejido productivo.
Este esfuerzo económico que está acometiendo España y otros países europeos para proteger a sus ciudadanos y economías, está siendo respaldado con importantes medidas de apoyo por parte de la Unión Europea.
Al inicio de la crisis, los 27 decidieron suspender temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limita la desviación del déficit público de los Estados miembros. Y el Eurogrupo alcanzó recientemente un acuerdo para movilizar un paquete de emergencia de 540.000 millones de euros en préstamos y ayudas que irán destinados a los Estados, a las empresas y a los trabajadores.
En paralelo, el BCE comprará deuda de los países de la eurozona hasta un límite de 750.000 millones de euros (con posibilidad de ampliación), facilitará liquidez masiva a las entidades y relajará sus requisitos regulatorios.
Estas medidas europeas de apoyo, esenciales para hacer frente a la crisis a corto plazo, pronto deberán ir acompañadas de ambiciosos planes para relanzar la economía europea una vez esté controlada la epidemia.
Por ello, en el próximo Consejo Europeo del 23 de abril está previsto que se empiece a debatir las diferentes iniciativas que están sobre la mesa:
- Fortalecer de manera notable el presupuesto de la UE.
- Convertir el proyecto de Marco Financiero Plurianual (MFF) para el periodo 2021-2027 en un potente instrumento de financiación privada.
- Crear un Fondo de Recuperación para relanzar la economía europea.
- Creación de los “eurobonos” para mutualizar la deuda de la eurozona.
Por tanto, nos encontramos con una crisis económica grave y sin precedentes, pero temporal. El principal objetivo de España y de la UE debe ser el de volver a los niveles precrisis lo antes posible y adaptarse a los nuevos cambios productivos y de consumo que se generen.
En este sentido, teniendo en cuenta que España puede tardar más tiempo en recuperarse que otros países de su entorno por su alta dependencia al turismo y al sector servicios (sectores muy perjudicados por la propia naturaleza de la crisis sanitaria actual), es importante que el gobierno proteja unos de los principales motores de la economía española, el consumo interno, promoviendo políticas públicas que mantengan el empleo, garanticen un ingreso mínimo a las familias e incentiven el consumo.
